27.9.09

Mitos y verdades de la Ley

Fuente: Ley de servicios de comunicacion audiovisual
De: Nicolás Lichmair

Mito Verdad
El gobierno evaluará las licencias de los canales cada dos años. La ley, igual que en otros países, establece la renovación de las licencias cada 10 años, y no por el gobierno, sino por la “autoridad de aplicación” formada por gobierno y oposición, y controlada por un consejo de representantes del gobierno, del congreso, de universidades y otras organizaciones. Y 10 años es mucho tiempo para pensar que esto está siendo pensado para afectar la política del corto plazo. Lo que sí se evalúa cada dos años es el panorama técnico, para ver si cambios en la tecnología obligan a actualizar los topes de cantidad de licencias.


Se reemplaza un monopolio por otro. No hay nada en la ley que de pie a semejante teoría. La ley establece máximos de licencias de medios para una misma empresa en determinada área, y establece que las empresas deben elegir entre distintas áreas del negocio de modo de no crear conflictos de intereses. Ahora la ley ya no permite que la telefónicas entren al negocio del cable, así que tampoco por ese lado se puede pensar en que se habilite un monopolio.

No permitir que una misma empresa tenga un canal de aire y un cable a la vez es una disposición arbitraria, sin sentido, para perjudicar a Clarín.
No, es bastante inteligente. La ley prevé que el negocio del “triple play” que se viene es inmenso, sería malo que esas empresas puedan también tener medios de comunicación. Por eso la ley crea dos mundos distintos. Uno de empresas sólo “técnicas”, simples proveedoras de conectividad (internet-tv-teléfono, el famoso “triple play”). Ese negocio es tan grande que es bueno que los que participan en él no puedan tener acceso a canales. Esto es muy avanzado, y ataca un problema que empieza a aparecer en otros países que no tienen esta cláusula: el tema de la “net neutrality” (neutralidad de la red). Esto quiere decir que los proveedores de conectividad sean neutros respecto de las señales que transmiten. Por ejemplo que no jueguen con qué canales ponen en la grilla, o no hagan crecer un monopolio del cable por haber conseguido un acceso monopólico a algún contenido (como pasó con el fútbol, que fue usado por un gran grupo nacional para forzar el mercado y comprar decenas de empresas de cable).




El que ONGs y sindicatos tengan canales es para que esas instituciones pongan canales afines al gobierno.
La ley no tiene restricciones acerca de qué instituciones pueden acceder a una licencia. Algunas instituciones que podrían tener canales de televisión serían Poder Ciudadano, la Iglesia, el sindicato de Barrionuevo.
La ley le da excesivo poder al gobierno de turno.

Hoy en día el Comfer es manejado por una sola persona, designada en un 100% por el poder ejecutivo. Eso es reemplazado por una “autoridad de aplicación” formada por miembros del poder ejecutivo, diputados, y controlada por una comisión de representantes de las provincias, de universidades, y hasta un miembro representante de los pueblos originarios. uno de los puntos que probablemente se modifiquen en el congreso. Para comparar, en EE.UU. se compone de cinco miembros todos propuestos por el poder ejecutivo (y validados por el congreso).


La ley es un invento a las apuradas de este gobierno. Este proyecto de ley es el resultado de un largo proceso que se inicia en la propuesta espontánea de ONGs y asociaciones que se juntaron en la Coalición para una radiodifusión democrática. Este colectivo generó 21 puntos que, para ellos, debería contemplar una nueva ley de radiodifusión. El gobierno luego publicó un proyecto inicial y a lo largo de meses recibió sugerencias y comentarios, para luego crear un segundo proyecto de ley que es el que se envió el 28 de agosto de 2009 al Congreso. Además, esta ley fue una promesa de campaña de Cristina Kirchner.


Esta es una ley sólo para pelearle a Clarín. No hay ninguna referencia a Clarín. Esta es una ley antimonopolio, y si Clarín es el más afectado lo es por su posición monopólica (que hasta la oposición reconoce). Es cierto que la ley es parte de una situación de conflicto determinada, pero en cuestión de leyes las situaciones pasan y los textos quedan. El texto de la ley es lo único que importa a la hora de juzgarla. Por otro lado, me parecería imposible imaginar una ley antimonopolio que no le pegue a Clarín, si una ley que se pretende antimonopólica es benigna con ese grupo... desconfiemos!



El gobierno fuerza a vender a las empresas a precio vil y designará a los nuevos compradores, todos amigos. El gobierno no elige a quién le venderán las empresas que se separen de los grupos concentrados. Es cosa de ellos. Y tampoco puede controlar discrecionalmente las adjudicaciones: Toda adjudicación es por concurso público, y los jueces de ese concurso son elegidos por el consejo federal. Nosotros en Argentina no estamos muy acostumbrados a las leyes antimonopólico, principalmente porque los poderes políticos y económicos siempre anduvieron intercambiándose favores. Sin embargo en paises como Estados Unidos y los de Europa es muy común que una empresa sea forzada a vender, a desinvertir, a corregir lo que es una “distorsión” del mercado.

4 comentarios:

El Hippie Viejo dijo...

Clarísimo como el agua
estimada Ana!

Veo complicado el tema en el Senado de la Nación
allí creo que hay más de
uno que es
juez y parte
-como Reuteman con la 125, te acordás?, el es sojero y eligió su interes personal al bien común-.

No sé Ana,
veremos como se desarrolla el tema esta semana,
si vuelve a diputados se va a complicar muchísimo.
Es una pulseada muy grande.

Buena semana Ana!

besos

Adal

Néstor Sbariggi dijo...

Muy buen post Ana.

Saludos

Ana dijo...

Hola Hippito y Nestor:

A mi también me pareció muy claro este texto que escribió Nicolás Lichmair

http://www.reloco.com.ar/columna/

Lástima que hay tanta hipocrecía intentando tapar o tergiversar los significados.

Pero..., siempre nos podemos sorprender.

el ojo con dientes dijo...

Muy buen post. Gracias. Y bueno el blog también che.